¿2023 será el año de Justicia con los pagarés de Nueva Rumasa?
Cuando se celebre el juicio se pondrá la etiqueta de interés público a lo que ha sido silenciado durante años. Es previsible una vorágine informativa de la cuál sacar beneficio importando poco los afectados como personas. Muchos suicidados o fallecidos, el listado de víctimas sobre el papel condensa una batalla silenciosa de sacrificio y la perseverancia de los damnificados espera, después de más de una década, la respuesta de la Justicia por el caso de los pagarés de Nueva Rumasa. Son tantas las injusticias y los atropellos que ni la opinión pública y menos los tribunales pueden dejar desierta la responsabilidad moral de la denuncia en la primera y el deber de los segundos para acometer el problema masivo que se provocó con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La dejación de la funcionalidad de los árbitros institucionales lleva consigo dramas, irregularidades y tragedia como significa la pérdida del patrimonio de muchas familias que esperan respuesta a las demandas de un juicio que pueda responder ante la súplica reiterada, cursada en los despachos que no parecen dar una respuesta efectiva con el paso de los años. Nueva Rumasa se ha puesto sobre la mesa de secretarios judiciales con intervención directa de los jueces cuando fueron embargadas la totalidad de las propiedades personales con el fin de cubrir los perjuicios derivados de la emisión de los pagarés. Es información objetiva la exclusión de responsabilidad que la UDEF dedujo en sus investigaciones sobre el empresario José María Ruiz-Mateos, pero es solo una parte de la ingente información que obra en poder de las autoridades para dirimir judicialmente la responsabilidad de quienes han de responder legalmente por una supuesta estafa originada con el cierre del grifo crediticio al Grupo. Transcurridos los lustros puede entenderse la demora de una macrocausa por la lentitud de la maquinaria jurídica, pero no así el anquilosamiento en los despachos de la dinámica judicial en piezas separadas, gestionadas por abogados cuyos clientes contrataron unos servicios a la espera del normal desarrollo de una causa que parece frenada, así se deduce, a propósito de causar una irregular indefensión a los afectados.
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