31 años: Poseer evidencias, contrastadas e indubitadas, sobre la criminal expropiación contra Rumasa.
Tres décadas y un año pidiendo elemental Justicia, un juicio
justo tan solo, no debería suponer motivo de risa o burla para ignorantes atrevidos que
podrían ser víctimas, como D. José María, de un Estado falsario, convenido con
el crimen y encubierto con la corruptela.
Treinta y un años de lucha por la Justicia en un país donde
el cambalache político implica a los jueces en corrupciones históricas, es
tiempo suficiente para avergonzar a algunos
tribunales que, lejos de la imparcialidad, han demostrado ser sectarios y
pútridos en sus indecorosas decisiones. Lo único que pueden imponer es
apariencia porque el respeto lo han extraviado quedando en suma evidencia la realidad.
La Justicia no debería llamarse, en algún caso, Justicia en esta España del
descaro vergonzante donde aún algunos magistrados van con la cara alta,
ensoberbecidos de estulticia y abominables secretos, cuando deberían marchar
con las orejas gachas en el demérito ganado a pulso de la sospecha permanente,
por la suciedad de los criterios prevaricadores, ésos tan inexcusablemente
razonados mediante argumentaciones legales proclives al perenne engaño y al
conchabamiento con lo criminal.
La expropiación delictiva de Rumasa enriqueció a la bazofia
de un país que paradójicamente se mostraba como la flor y nata del mismo, convirtiendo a
muertos de hambre en depredadores bajo la protección de la política como
señuelo para engañar a millones de ciudadanos.
Políticos de traje de pana que terminaron arrojando al vertedero los
valores de la decencia para imponer, por sufragio universal, el instrumento del embuste, la carroña de una mafia estatal que
se originó con Felipe González.
Hieden
aún intereses oscuros pergeñados y llevados a cabo bajo el enmascaramiento de
una democracia superficial alimentada de bajos fondos gansteriles que, bajo la
protección del sectarismo jurídico, lo mismo deja indefenso a un hombre
inocente saqueando su patrimonio, entorpece la verdad sobre una matanza masiva
de 192 personas-acaso de esos polvos sin castigo nos llegaron aquellos trenes reventados-, o concede libertad a múltiples criminales, violadores y asesinos
de niños con la excusa vergonzante de un designio judicial sacado de la ancha
manga de la desvergüenza y la traición más visceral contra los más desprotegidos.
Gentuzas que esta España de trileros ha convertido en
personajes de la Transición siendo , en realidad, delincuentes de baja estofa
que usaron la política para perpetrar delitos bajo el amparo de una Ley podrida,
al servicio de los estafadores que han hecho prevalecer el engaño por toda
nuestra reciente historia democrática.
Durante este tiempo al lado de D. José María, además de
trabajar sobre cauces profesionales dirigidos a encontrar el modo de pagar a
los Inversores, se ha realizado un trabajo de documentación efectivo que arroja
luz sobre las sombras, en cuanto a los causantes, encubridores y aprovechados
del saqueo estatal que jamás repercutió en ningún beneficio sobre la ciudadanía
sino sobre numerosos intereses particulares.
Levantando acta indubitado se deduce de testimonios ante notario, correos personales y pruebas incontestables por primera vez recabadas en tres décadas con rúbrica legal:
1-La actuación deleznable y la perfidia delictiva de Luis
Valls Taberner, ex presidente del Banco Popular; uno de los siete bancos que se
lucraron multimillonariamente repartiéndose los 23 bancos del Sr. Ruiz-Mateos.
Luis Valls Taberner fue el que aconsejó, de modo ladino, que
D. José María marchara a Londres y recibió, en una caja de zapatos, 1.000
millones de pesetas antes de que sucediera el expolio como previa estafa personal,
anteriormente a ser tomado por las armas el Holding empresarial.
2-La bajeza de Rafael Termes, Presidente de la Banca quien,
en connivencia oscurantista con Valls Taberner engañó premeditadamente al Sr.
Ruiz-Mateos hasta llevarle a la trampa que propició la expropiación delictiva
de Rumasa, en bandeja para el recién llegado partido socialista que terminó
asolando el 10% del PIB siendo el 2% perteneciente a Rumasa.
3-La intervención de numerosos personajes de la política, la
banca, la empresa etc. para encubrir el latrocinio, así como la corrupción
jurídica, vergonzante tapadera de actos delicuescentes que tuvo numerosos
beneficiarios.
4-La impunidad de un criminal exculpado, siendo la X del GAL según José Amedo y sospechado por millones de españoles,
causante de muertes a inocentes y responsable del terrorismo de Estado. Un
Felipe González culpable de múltiples actividades delictivas que con la expropiación se dice que compró voluntades jurídicas y políticas para que quedase sin punición el rastro
del saqueo y en indefensión la víctima del expolio.
Responsable, entre muchas otras, de la estafa de Galerías
Preciados, un pelotazo de 30.000 millones de pesetas que resultó ser un seguro
de vida vitalicio, llevándose el botín fuera de España bien custodiado por
amigos de fechorías beneficiados por entonces y cuya amistad ha perdurado con
relaciones de negocios originadas en la acción criminal del latrocinio durante
el felipismo.
5-La constatación del amaño de la Justicia con un Tribunal
Constitucional al servicio del más flagrante sectarismo y al albur del mejor
postor ideológico, a la sazón socialista. Un socialismo cuyos numerosos miembros
fueron lucrados en tanto se vaciaban las arcas del Estado con monstruosas y
reiteradas corrupciones.
6-El enriquecimiento de instituciones, organizaciones y
líderes de agrupaciones arrimados a la sombra de la expropiación.
7-La burla cruel de la Justicia ante la indefensión de la
ciudadanía que ha de comprobar el oscurantismo maquiavélico de unos jueces que
dejan en libertad criminales de toda índole, subordinándose a una sentencia que
se pasaron por el forro de la manipulación más grotesca cuando denegaron una mínima
y elemental garantía procesal que D. José María Ruiz-Mateos jamás obtuvo.
En la insidia del acatamiento de la sentencia de Estrasburgo
ahora, se manifiesta la suciedad más deleznable de una Justicia sometida al
arbitrio de oscuros poderes al margen del esencial decoro moral; no pasa inadvertido, en la paradoja del
destino, que se denegó y se obstaculizó
el intento legítimo por la defensa de los derechos alienados del Sr.
Ruiz-Mateos sin ninguna razón de Ley. Ley inexistente, en según qué casos, antes como ahora.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destapado la
incoherencia jurídica en España y el cinismo más visceral, con una evidencia de
irregularidades que no ha pasado inadvertida para la ciudadanía, en hondo
descrédito de tribunales que no brindan la mínima confianza en su deseable
arbitrio de imparcialidad.
8-Que D. José María Ruiz-Mateos jamás fue condenado por
estafa, siendo absuelto de toda imputación sobre las pretendidas inculpaciones
que pretextaron la delictiva expropiación. En 1997 fue exculpado de toda
imputación y la Justicia siguió obrando con patentes manipulaciones legales
para que el Sr. Ruiz-Mateos continuara en indefensión, reivindicando con
denuedo y perseverancia inquebrantable el derecho a la devolución de su Patrimonio
vilmente robado.
9-La destrucción de numeroso material, en Junio de 2013,
trasladado en camionetas del Ministerio de Justicia, consistente en
documentación, sobre la expropiación de Rumasa, datada en 1987.
¿Qué clase de rastreros intereses todavía se pretenden
ocultar transcurridos treinta años de la expropiación?
Por todo lo anteriormente expuesto, sigue vigente el derecho
de vindicación por un Patrimonio saqueado cuyos autores y beneficiados serán
expuestos con un levantamiento de acta que dará fe, por testimonios y pruebas,
indubitados, de este oscuro acontecimiento que torció los designios
democráticos de un país en manos de estafadores y criminales que serán
develados por primera vez en tres décadas.
