España
es un país acomplejado que durante décadas ha permitido la corrupción
institucional por la remembranza de una dictadura que doblegó su
libertad. Esos complejos resultantes de 40 años totalitaristas fueron el
pretexto democrático que muchos sinvergüenzas, alardeando de progresismo, necesitaban para conseguirse beneficios sectarios y personales refrendados por el sufragio universal. Antes levantaron la mano para comprobar que más pingües ganancias conllevaba alzar el puño. Arribistas.
En
un país de mayor calado cultural y de morales decentes, el sufragio es
una buena fórmula para que decida la población su destino. En España es
la excusa perfecta para que majaderos que de otro modo no serían
competentes en ámbito laboral, se encumbren por encima del bien y del
mal para delinquir asegurándose de politizar la Justicia que podría
juzgar actos delictivos y finiquitar las andanzas de politicastros cuyo destino final e irreversible debería haber sido la cárcel.
El problema es que miserables de paso se han asegurado de favorecer a las altas instancias de permanencia institucional, para recibir favores a posteriori que incluyen la ocultación de irregularidades y responsabilidades delictivas en el ejercicio del poder.
Es
repugnante ver que Felipe González, el causante del latrocinio del 10%
del PIB durante sus legislaturas plenas de corrupción institucional, se
dé vidorra de millonario y se permita seguir aconsejando con su zafia
verborrea basada en la teorización de un sinvergüenza respetado que en
la práctica debería ser un reo condenado. Eso si de verdad la Justicia
fuera una realidad en un país con demasiados miserables copando los
pedestales de la influencia y del respeto social.
El dinero lo compra todo y no es problema carecer de él si desde la política se accede al poder. Ser votado convierte al más zafio en digno y encubre cualquier maniobra delicuescente con el cuento de la voluntad del pueblo: el muchas veces analfabeto manipulado que tantas satisfacciones ha dado a delincuentes con patente de corso, para saquear a placer y justificar latrocinios por mor de un complejo democrático que tan dañino ha resultado con esa clase impresentable de políticos que tanto ha proliferado en nuestra falsa democracia... justo a medida de criminales capaces de cualquier atrocidad para imponer sus dogmas inconfesables.
El dinero lo compra todo y no es problema carecer de él si desde la política se accede al poder. Ser votado convierte al más zafio en digno y encubre cualquier maniobra delicuescente con el cuento de la voluntad del pueblo: el muchas veces analfabeto manipulado que tantas satisfacciones ha dado a delincuentes con patente de corso, para saquear a placer y justificar latrocinios por mor de un complejo democrático que tan dañino ha resultado con esa clase impresentable de políticos que tanto ha proliferado en nuestra falsa democracia... justo a medida de criminales capaces de cualquier atrocidad para imponer sus dogmas inconfesables.
Escuchar
en boca de este consentido ladrón la palabra honradez es como escuchar
del gruñido de un psicópata el contexto de la cirugía experimental.
Treinta años han demostrado que todo es posible en esta España
acomplejada que da rienda suelta a sus psicopatías a través de una
tremebunda política que ignoran los ciudadanos, esos que un día pueden
ser las cobayas en una experimentación de engaño multitudinario con la
ejecución de 192 víctimas y el encubrimiento de los autores
intelectuales de un atroz crimen sin resolver.
La matanza del 11-M parece tener el mismo modus operandi que la expropiación de Rumasa: Ejecución del crimen económico o social y conchabamiento de la cúpula de poder, en connivencia con los jueces achantados, para que el mal quede como un misterio pese a la descarada desvergüenza de cuantos quedan implicados por acción u omisión. La Constitución es una farsa que permite el expolio, la masacre, el engaño permanente de cuantos se han beneficiado de ese problema psicológico de lo colectivo, tan sensibles todos a la palabra democracia para que nos la metan siempre doblada.
La matanza del 11-M parece tener el mismo modus operandi que la expropiación de Rumasa: Ejecución del crimen económico o social y conchabamiento de la cúpula de poder, en connivencia con los jueces achantados, para que el mal quede como un misterio pese a la descarada desvergüenza de cuantos quedan implicados por acción u omisión. La Constitución es una farsa que permite el expolio, la masacre, el engaño permanente de cuantos se han beneficiado de ese problema psicológico de lo colectivo, tan sensibles todos a la palabra democracia para que nos la metan siempre doblada.
El
ladrón-los hechos lo demuestran aunque la Justicia haga mutis por el
foro- Felipe González, fue el impulsor de una toma de patrimonio
delictiva mediante el uso de las armas para expoliar a un empresario que
resultó absuelto en 1996 de todas las imputaciones. Las que sirvieron de
pretexto para que múltiples miserables se beneficiaran con absoluta
indefensión de la víctima.
Si
la víctima fue exculpada de las imputaciones que le adjudicaban, los
obradores de la expropiación automáticamente se deberían haber convertido en
delincuentes, vulgares ladrones de baja estofa que escudados tras la
excusa política delinquieron de manera sobrada y reconocidamente
estafadora.
No
se comprende en un país democrático que los cabecillas del latrocinio
no hayan sido juzgados y sean respetuosamente tratados por la sociedad
que, de ser decente, los hubiera envilecido en función de las malas
obras que los definen y que han caracterizado negativamente la Historia
contemporánea de esta sufrida España de españolitos de a pie; los que sirven para ser engañados mediante el cebo de las urnas, que lo mismo los abocan a ser ejecutados en trenes de cercanías para dar un
vuelco político con el conchabamiento de unos masivos sinvergüenzas
arrimados esperando obtener el mejor bocado, dada la envergadura
institucional que influye en los tribunales.
Al
día de hoy, después de treinta años en que los sinvergüenzas de
entonces han vivido como marajás a costa de la expropiación delictiva de
Rumasa, algunos jueces incluidos, el mundo es más repugnante dejando al
descubierto la inmundicia sin que nada ni nadie muestre un coherente
asco por esos personajes que deberían haber pisado la cárcel como
cabecillas de terrorismo de Estado, o estafadores de baja calaña que
robaron el Producto Interior Bruto, cuyo 2% pertenecía al Holding Rumasa
y cuya expropiación criminal costó a los españoles 2 Billones de pesetas enriqueciéndose gentuzas que han procurado además un acoso y derribo constante contra quien fue la víctima.
Con
la impunidad de este elemento criminal autorizado, quedó patente la
indefensión de los ciudadanos dispuestos a tragar- por aquello de los
complejos democráticos- cualquier barbarie que se decida cuando los
majaderos de turno decidan dar el golpe de mano que siempre será
encubierto porque España no es sana, desgraciadamente. Adolece de una
enfermedad que propician estos doctores de la política que cualquier día
aplican eutanasia masiva de los niños con el beneplácito y los aplausos
de los borregos que olvidan ser padres.
La
realidad supera a la ficción y Rumasa es un hecho delictivo para
vergüenza de la memoria de una España que selecciona sus recuerdos en
función de sus hipócritas vergüenzas.
Aún la Justicia puede dar dignidad a un país que la ha perdido con personajes de esperpento como este vividor a costa
de las tragedias ajenas. Si todo ha sido posible hasta ahora con
sinvergüenzas de este calibre campeando como honorable patrio, incluso
podría ser que una Justicia en condiciones resarciera históricamente a quien
injustamente fue tratado y brutalmente robado. La oportunidad de la
decencia siempre es una esperanza práctica, por mucho que teóricos de la
honradez se disfracen ocultando la pútrida esencia personal que tantos
españoles han soportado.
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