¿Imputado el Sr. Ruiz-Mateos? ERE: Corrupción política que no empresarial

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La trama ERE fue una corrupción política en un feudo de corrupción durante treinta años. Los empresarios no podían saber lo que sucedía y se limitaban a cumplir con la normalización de lo implantado, como trámites acordes con la imposición de la Ley que allí campaba por sus respetos.
    No seamos hipócritas y desavisados. En España es moneda de cambio usual el "pase usted por caja". Si alquien quiere un trámite de una administración autonómica, se topa con el funcionario de turno que orienta pecuniariamente con impune descaro y no hay más remedio que cumplir.
 
  Los empresarios en Andalucía seguían directrices impuestas y la funcionalidad de empresa se rige por el pago de comisiones comerciales, no por tráfico de influencias. Alguien puede ir a comprar en una tienda de aparente legalidad. Si después el dueño usa el dinero para traficar con drogas, no puede culparse de traficante a quien ha pagado en el mostrador por un producto legal. ¿Es tan difícil de entender, perdidos en hojas de sumarios que no dejan ver lo elemental? ¿Qué iban a saber en Madrid de lo que se cocía por Andalucía en el rancho del PSOE andaluz? Allí se cumplía con lo estipulado por representantes legales, política y socialmente respetados y consentidos.
  
  La Justicia llega tarde en ese proceso acostumbrado de la ralentización por la deferencia del desorden que en España se concede a algunos colectivos. O no llega, como en el caso del Sr. Ruiz-Mateos que lleva esperando un mínimo de elemental decencia jurídica-expropiación delictiva de Rumasa- que siempre se le ha negado, a diferencia de ese otro colectivo de  criminales vergonzantemente amnistiados que gozan ahora del desmesurado orden de la competencia cuando a los intereses judiciales, mediante la sectarización política, les conviene.
  
  La estafa del fondo de reptiles fue en su momento una normalizada coyuntura, promovida desde la Junta de Andalucía en connivencia con sindicatos e intereses particulares que se nutrieron de fondos presupuestarios con el beneplácito de la Justicia ciega, muda y sorda y sin sospechas de investigaciones policiales.
   
  Si era una corruptela generalizada, en realidad imperaba el orden establecido porque tres décadas son muchas para montarse un chiringuito y hacer pasar por el aro hasta al lucero del alba. Culpar al lucero  es poco inteligente y cínico pero ya sabemos cómo el sentido común es asignatura pendiente de los tribunales españoles.
  
   Lo único positivo que se sonsaca de todo ello es que hay una juez Alaya que vindica la claridad contra la corrupción, metiendo mano donde antes el puño y la rosa sodomizó a toda una Andalucía supeditada a la anarquía de la esquilmación; es de suponer que después de treinta años podría existir un solo juez decente que decidiera investigar el latrocinio de Rumasa, cuyos beneficiados han quedado al descubierto con mutis implícito de la Ley.
    
  A D. José María esta burla cruel e hipócrita ya le ha hecho decir basta. Mil quinientos millones en euros de propiedad privada embargada no bastan para iniciar alguna acción con el fin de dirimir el drama que asfixia a miles de personas. Independientemente de lo expuesto, se ha trabajado de firme para conseguir anunciar el pago a los Inversores, allende unas decisiones que miran más por la interminable burocracia que por la vida de las personas. No hay Justicia  en casos flagrantes de indefensión al ciudadano como quizá nunca la hubo tras la pantalla de una apariencia en este país donde nada ni nadie son lo que parecen ser en cuanto atañe al expolio entre particulares de Rumasa.
    
  Hace poco hablé con una Inversora que argumentaba sobre la ruina del Sr. Ruiz-Mateos. Respondí que D. José María no estaba arruinado, sino asfixiado. Todo embargado hasta el punto de encontrar etiquetas del juzgado sobre cuadros sin valor alguno. 

   Existen mil quinientos millones de euros intervenidos en propiedades y ningún diligente juez se apresta a investigar cómo solventar un desquiciante drama de miles de personas. Francamente, ignoro con qué conciencia pueden dormir algunos coleccionando causas mientras son indiferentes al brutal dolor de los inocentes.
    
   Así pasó durante treinta y un años y la Justicia sigue su anodino paso, a espaldas del decoro moral por cumplir un cometido humano del que robóticamente se prescinde.
 
     La salud de D. José María permanece salvaguardada en Alondra  siguiendo rígido tratamiento, pero él no está para viajar a Sevilla. La juez Alaya podría hacerse un viaje en el tiempo para imaginar las condiciones de desgaste en un hombre que ha bregado con tan inadmisibles injusticias.
 
     A pesar de los riesgos de salud que asume si lo detienen, D. José María no acudirá a Sevilla el miércoles 12 de Marzo de 2014  porque su experiencia sacrificada de vida le ha demostrado que esa Justicia en la que quiso confiar es  inexistente y, como él dice, en caso de que existiera, carente de honorabilidad. La subordinación o no a la sentencia de Estrasburgo es tan ruin y  vergonzante que consolida ese criterio que le acompañó en su lucha contra un muro insalvable de corrupción; precisamente el de aquéllos que están autorizados para juzgarla... y así tres décadas.

   Incongruente, mezquino y definitivamente nauseabundo. La náusea histórica que ya acusamos una década, económica e institucionalmente, todos los españoles.