Maniobras, tras intereses ocultos, que pretenden impedir la devolución de las empresas

Este verano declaraba en un programa de televisión sobre la canalización de las posibilidades empresariales para responder por los intereses de los Inversores. Tanto insistí sobre el referente de "canalizar" para posibilitar una solución que erradicara el drama de los Pagarés, que los periodistas presentes en plató se vieron desconcertados y hasta soliviantados por reiterarme en mis declaraciones.

Semanas después se celebraba una reunión en las oficinas de D. Ángel de Cabo en Madrid, con el objetivo de la devolución de las empresas a D. José María dispuesto gestionar personalmente la crisis de los Inversores. Entonces pudo comprenderse mi reiteración acerca de esos canales que había anunciado sin decir de qué se trataba en concreto. Unos días antes de la primera reunión, el 4 de Agosto,  realizamos un comunicado de prensa advirtiendo de la intención de recuperar las empresas que habían sido cedidas un año antes, sin el beneplácito del empresario aun con la exigencia contractual de que se respondieran las demandas y necesidades de los tenedores de Pagarés. Informábamos también del incumplimiento de dicha exigencia y de que, en caso de ser positivo el acuerdo, la titularidad sería única y exclusivamente del empresario.

El lunes 17 de Septiembre, envié otro comunicado a los principales medios de comunicación ratificando la buena marcha de las negociaciones, con una segunda reunión fechada el 13 de Septiembre, que derivaba en un acuerdo verbal de compromiso-con entrega de un listado de las sociedades que compró simbólicamente por un euro cada una el Sr. de Cabo-, con disposición de llevar a buen término el cambio de titularidad.

Solo existe un objetivo y es el de la respuesta hacia las necesidades de los Inversores. Se anunció que se iniciarían los análisis y viabilidad de este proyecto de rescate para sopesar las posibilidades, con uno de los planes, entre otros, sobre los que se está trabajando actualmente.

El plano de situación podría ser cambiante y generar un movimiento tan necesario para solventar muchas perentorias necesidades de tantas personas que inviertieron en Pagarés. Sin embargo, comenzaron esas contrariedades inexplicables de última hora que anunció la difusión de un comunicado de de Cabo, donde se viene a decir que la operación de esa devolución no es tan fácil como en principio hicieron creer y el anuncio de, no ya la probable especulación este último año con Nueva Rumasa, sino también la intención lucrativa de pedir una cantidad, previsiblemente desorbitante, para devolver las empresas con la excusa de que hay que abonar las inversiones que han conseguido el buen funcionamiento de varios hoteles y otras empresas con prácticos rendimientos pecuniarios.

De ser así, se entendería la querella de de Cabo contra el Sr. Ruiz-Mateos alegando que las empresas estaban desinfladas, como si no hubiese existido una previa due diligence para analizar los riesgos de aquella venta por el precio simbólico de 1 euro por sociedad; explicaría la intención de llevarse las empresas sin abonar ningún coste y la falacia judicial de una querella para encubrir el enriquecimiento que supuso que Nueva Rumasa pasara a manos de Ivan Losada.

El único gasto que debería generar la devolución es el de Notaría por la tramitación. Todo lo demás entraría en conflicto frontal con el interés primero y último de estas operaciones que solo persiguieron y persiguen la respuesta práctica ante los tenedores de Pagarés.

Es obligado recordar que  de Cabo no quiso recibir a los representantes de D. José María, hasta que emitimos un comunicado de prensa exigiendo las devoluciones por incumplimiento de contrato. De inmediato, las oficinas de la C/ Serrano, 41, abrieron sus puertas por el evidente perjuicio que supone el conocimiento público de las actividades derivadas de las gestiones de Back and Business. La respuesta ante la exigencia no parecía entrañar ninguna complejidad, porque hubiera sido también palpable cualquier resistencia primera con los medios de comunicación prestos a informar de toda la operación. Lo cierto es que debía haber intereses ocultos para seguir explotándolos y por ello llegó el comunicado de Ángel de Cabo puntualizando una serie de trabas que  buscan abortar que Nueva Rumasa vaya a la dirección mercantil de D. José María. Muy seguramente conllevaría la devolución, descubrir qué es lo que ha sucedido verdaderamente este último año y a qué tipo de explotación se han visto sometidas las sociedades. Quizá aflorarían nombres y apellidos asociados al factor especulativo del proceso concursal y las cifras no cuadrarían. De ahí el interés expreso para impedir la transacción.

Durante un año no se han podido rastrear realidad de las sociedades, algunas sin proceso concursal y otras bajo las directrices de abogados que gestionan sociedades en concurso como pueden ser Bodegas y sector hotelero. Sí, ante el cambio de criterio de de Cabo, cabe preguntarse qué ha sucedido en este año así como cuáles han sido los procesos por los que han pasado las empresas.

Si una condición inapelable era responder por los Inversores y no se ha hecho en la práctica... ¿en qué ha derivado la gestión durante estos meses y dónde han ido los factibles beneficios en manos de los abogados que han estado dirigiendo los concursos? Las dudas surgen como la múltiple sospecha. Lo cierto es que, a falta de estudiar en profundidad el estado de las sociedades, ha existido un proceso que ha producido beneficios que no han parado a manos de los inversores.¿Dónde ha recaído entonces el más que posible beneficio de la gestión concursal?

Parece ser que han existido elementos y factores ajenos a los intereses de los Inversores, pues sobre ellos no ha repercutido ese beneficio de negociaciones sucedidas este último año. Si el cambio de titularidad se revierte exclusivamente en la persona de D. José María, ante estos interrogantes que planteo también debería contemplarse el cambio de abogados que han llevado a concurso, hasta ahora, las sociedades de Nueva Rumasa.

Con tanto capital en juego que debería estar rindiendo a los afectados, no sería de extrañar que de manera oculta se hubieran negociado contratos favorecidos por el natural encubrimiento que ha conllevado que D. José María perdiera el rastro de sus empresas temporalmente. Y no solo eso. Si el empresario afirma taxativamente que él no fue partidario de la cesión, habría que preguntarse si él conocía realmente el estado del Grupo empresarial antes de la emisión de los Pagarés. De hecho es una cuestión primordial por la sorpresa que supuso vender sus empresas cuando pensaba que existían más activos que pasivos.
D. José María no va a dejar de exigir lo que es suyo, pese a las dificultades que pretende imponer el equipo legal del que llaman "el liquidador"

En cualquier caso se está trabajando con el horizonte exclusivo de erradicar la crisis de los Inversores y D. José María no ceja en ese empeño en que estamos todos comprometidos.  El que no lo esté no es conveniente que continúe obrando ocultamente lo que el empresario quiere mostrar a la luz con las cuentas claras. En ello estamos.

Ignacio F. Candela