Y no me refiero a la presunta de la emisión de los pagarés que habrá que interpretar y dirimir ante los jueces, sino al fiasco público transcurrida más de una década desde que se intervino policial y judicialmente con premura…para luego dejar las responsabilidades y afectados en la estacada. El problema es que acostumbrados los funcionarios a la lentitud y la desidia no advierten cómo se les carga personal y colectivamente el saco del, digamos, karma. Seguro que hay un purgatorio donde meter a tan indisciplinados culpables de tanta liviandad de conciencia.
¿Se puede cuantificar el daño padecido durante doce años, aparte el monetario que ocasionó la denominada estafa de pagarés de Nueva Rumasa? La demora de la Justicia ha multiplicado los perjuicios morales actuando con sentido de urgencia en el 2011 para luego sumirse en ese sueño eterno de la ralentización, característico de la desorganizacion y la pereza de los despachos judiciales. La penitencia de la desesperante esperanza de que se cumpla con el deber de celebrar los juicios se carga en los damnificados, y tanto es así que hasta la Justicia se convierte en un concepto virtual más allá de una realidad profesional y competente que dé respuesta a una problemática que ha generado múltiples perjuicios además de los puramente monetarios. Si tuviéramos que cuantificar el drama, no encontraríamos precio justo de compensación.
Las personas a la espera de Justicia verdadera no son números de expedientes sino identidades emocionales que importan poco, mezclados en una vorágine de documentos esparcidos por los suelos de un juzgado. No sólo son nombres y apellidos de un DNI sino que, desgraciadamente, están grabados en las lápidas que con el tiempo pueblan los cementerios del abandono. ¿Pretenden engrosar las causas del drama, multiplicando las consecuencias derivadas de la falta de compromiso para celebrar los juicios tan desesperadamente esperados?
A propósito del deber moral de la Justicia para con los inversores, cada día me llegan comunicaciones de los perjudicados que en la espera canjean dolor por esa compensación moral que, mientras no llega la justicia, la hacen extensiva para cumplir una labor pública de caridad con intenciones renovadas de solidaridad que no tuvieron los responsables de la emisión de pagarés.
Así me hacen llegar una propuesta, además de sarcástica en su fondo constructiva, consistente en que dirigido a expropiantes y presuntos estafadores antes que la acción penal prescriba, las autoridades pertinentes lo adviertan para que el próximo año 2024, en pleno periodo voluntario para liquidar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 2023, se pueda donar al Estado a los responsables para que colaboren con alguna institución benéfica y, durante todo el tiempo de sus vidas, e incluso con parte del dinero presuntamente estafado, dedicarse a la atención y el cuidado de los más necesitados para así reconocer y valorar todo el mal infligido a miles de personas.
Son muchas las comunicaciones con Inversores que a falta de palabras, las que siempre se quedan en el tintero de las emociones, se expresan con indignación, conocedores de un suplicio que la Justicia ignora, siguiendo los designios de lo deficiente en lo administrativo, al margen de paliar y compensar el dolor causado por la propia acción penal y los retrasos de la respuesta judicial: un daño moral incalificable.
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