TRIBUNA
Rumasa: el gran engaño del Estado español
23/02/2015@20:27:20 GMT+1
EL IMPARCIAL.ES.
Ignacio Fernández Candela
Escritor-Crítico literario
Hoy se cumple un
aniversario denigrante. Treinta y dos años transcurrieron ya desde que
se practicó un expolio delictivo encubierto desde las salas de la
Justicia. Antes de cualquier mención a la expropiación de 1983 ordenada
por decretazo durante el advenimiento del felipismo en España, es
obligada la aseveración histórica de que en 1997 José María Ruiz-Mateos
fue exculpado de toda imputación, convirtiéndose automáticamente en
delictiva la intervención por las armas de Rumasa aquel 23-F aciago para
la democracia española que marcó el inicio de la impunidad de Felipe
González, desde entonces hasta la actualidad, con la aquiescencia de no
pocos cómplices favorecidos. Todo el mundo de este país sabe lo que
hizo, otros sabrán por qué no se interviene jurídicamente contra él.
A partir de esta información veraz sobre el empresario y banquero al que saquearon 700 empresas legalmente constituidas y desarrolladas, así como 23 bancos-con un valor patrimonial en retasaciones de 18.000 millones de euros-, es absolutamente irrebatible que la expropiación ordenada durante el gobierno del PSOE fue una acción criminal sin fundamento jurídico, una vez se eximió de toda imputación a quien fue perseguido, demonizado y encarcelado sin justificación ninguna.
Es por tanto un dos más dos jurídico igual a cuatro, un axioma indubitable e indiscutible incluso para las obtusas inteligencias o moralidades de algunos jueces que, siendo Ruiz-Mateos inocente, se debería haber procedido al directo encausamiento de los orquestadores de la expropiación delictiva y a la revisión de todas las artimañas jurídicas, financieras y políticas que permitieron el crimen que costó además dos billones de pesetas a los españoles. Pero lejos de tan elemental razonamiento, la misma Justicia convirtió el caso en una indefensión flagrante contra los elementales Derechos Humanos del empresario, además de una prolongación del delito con injustificables argucias improvisadamente legales. Lo que explica tanta aberración es que el latrocinio desde el poder compra silencios e impunidad estando por encima de la propia Ley, subordinados los jueces a un imperio de coacción y permisividad cuando el crimen es de Estado, tal cual fue la expropiación del holding a poco que se razone básicamente. Porque si alguien es acusado de robar y se descubre que portaba su propia cartera objeto de la imputación, es evidente que hay que devolvérsela. Esta cartera multimillonaria fue repartida entre múltiples delincuentes que gritaron contra Ruiz-Mateos al ladrón, al ladrón, mientras se adueñaban ilícitamente de sus propiedades. Eso es lo que sucedió y que entiende hasta el último distraído; otra cuestión es que además de ser distraído hasta la memez, se sea también malintencionado y moralmente rastrero.
En un país de hipócritas dirigiendo los destinos institucionales, esta desvergüenza de cinismo y de aceptación de lo intolerable es disimulada con tanta repugnancia por todos los sectores de la población que da que pensar si semejante inmundicia generalizada, lastre de nuestro estado de derecho que enmudece toda proclama de justicia o discurso sobre el honor de una nación, no merece un descenso a los infiernos, a la altura de la bajeza practicada durante décadas negando maliciosamente la mayor.
La desvergüenza histórica no cesa. Recientemente se ha sabido que Rumasa conserva 160 millones de euros en caja dependiendo, como empresa pública, de la Dirección General del Patrimonio del Estado integrado a su vez por el Ministerio de Hacienda. Rumasa sigue existiendo bien pertrechada de dinero en caja para evitar que se destape en los tribunales el escándalo que demostrara el delictivo saqueo y el desastre de que algún juez dictara sentencia de devolución sobre lo robado. Acaso sirva también para mantener bocas cerradas o dejar en el cajón del olvido las causas o sentencias... como una consolidación de balances que dura quince años después de que el Tribunal Supremo dictara dos autos favorables a la reposición.
Lo que sucede en esta sufrida España nuestra no tiene nombre. No existe mayor paradigma de superlativa caradura para cualquier ladrón que quien logra el mayor golpe, anatemizando a la víctima del saqueo, apropiándose delictivamente de un multimillonario patrimonio con la protección jurídica pertinente y guardándose después del saqueo mayor un remanente para defenderse de los litigios que el legítimo dueño pueda intentar en buena lid siendo inocente de las imputaciones que pretextaron el expolio. Cualquier ladrón para sí quisiera semejante suerte del destino trampeado.
¿A qué consolidación de balance hay que esperar si descubrimos ahora que Rumasa existe como empresa pública con una caja de ciento sesenta millones de euros? Nos escandalizamos de nimiedades frente a estas de sumarísimo calado ilegal. Sinvergüenzas encubridores con apariencia de honorabilidad. Ciento sesenta millones de euros a buen resguardo de ladrones que se apropiaron de un holding convirtiéndose el delito en mangoneo asumido de una injusticia histórica, bien protegida por los numerosos invitados al banquete que devoraron criminalmente la decencia política y jurídica que desde entonces fueron empozoñando la credibilidad de España como país indigno que hoy recoge sus siembras del deshonor.
Ciento sesenta millones de euros que dejan en evidencia la estafa estatal, sin decencia ninguna, mostrando la fetidez de un submundo consentido de malicia, picaresca y latrocinio juramentado. Ciento sesenta millones de euros que podrían paliar la tragedia de los Inversores de Nueva Rumasa abandonados a su suerte por magistrados empeñados en coleccionar causas más que en erradicar el dolor de miles de familias entrampadas con la emisión de los pagarés.
Solo La Finca de la Almoraima, en poder de ese mismo Estado en las garras del felipismo que robó a una persona inocente su patrimonio, usando a la Justicia para encubrir el crimen, sería suficiente para salvar la situación de miles de Inversores.
Rumasa fue la patata caliente que se fueron pasando los distintos gobiernos con acuerdos tácitos de complicidad consabida, para evitar que emergiera la inmundicia que se ha mantenido con descarado tufo de corrupción durante treinta y dos años. Esa es la verdad oculta de la que se presume ahora al descubierto con una caja de ciento sesenta millones de euros y un beneficio en el 2014 de 191.000 euros al invertir en deuda pública, sabiéndose impune el estado que ocultó sus trapos sucios hasta que terminó, a base de engañar sistemática e históricamente, arruinando a sus ciudadanos.
A partir de esta información veraz sobre el empresario y banquero al que saquearon 700 empresas legalmente constituidas y desarrolladas, así como 23 bancos-con un valor patrimonial en retasaciones de 18.000 millones de euros-, es absolutamente irrebatible que la expropiación ordenada durante el gobierno del PSOE fue una acción criminal sin fundamento jurídico, una vez se eximió de toda imputación a quien fue perseguido, demonizado y encarcelado sin justificación ninguna.
Es por tanto un dos más dos jurídico igual a cuatro, un axioma indubitable e indiscutible incluso para las obtusas inteligencias o moralidades de algunos jueces que, siendo Ruiz-Mateos inocente, se debería haber procedido al directo encausamiento de los orquestadores de la expropiación delictiva y a la revisión de todas las artimañas jurídicas, financieras y políticas que permitieron el crimen que costó además dos billones de pesetas a los españoles. Pero lejos de tan elemental razonamiento, la misma Justicia convirtió el caso en una indefensión flagrante contra los elementales Derechos Humanos del empresario, además de una prolongación del delito con injustificables argucias improvisadamente legales. Lo que explica tanta aberración es que el latrocinio desde el poder compra silencios e impunidad estando por encima de la propia Ley, subordinados los jueces a un imperio de coacción y permisividad cuando el crimen es de Estado, tal cual fue la expropiación del holding a poco que se razone básicamente. Porque si alguien es acusado de robar y se descubre que portaba su propia cartera objeto de la imputación, es evidente que hay que devolvérsela. Esta cartera multimillonaria fue repartida entre múltiples delincuentes que gritaron contra Ruiz-Mateos al ladrón, al ladrón, mientras se adueñaban ilícitamente de sus propiedades. Eso es lo que sucedió y que entiende hasta el último distraído; otra cuestión es que además de ser distraído hasta la memez, se sea también malintencionado y moralmente rastrero.
En un país de hipócritas dirigiendo los destinos institucionales, esta desvergüenza de cinismo y de aceptación de lo intolerable es disimulada con tanta repugnancia por todos los sectores de la población que da que pensar si semejante inmundicia generalizada, lastre de nuestro estado de derecho que enmudece toda proclama de justicia o discurso sobre el honor de una nación, no merece un descenso a los infiernos, a la altura de la bajeza practicada durante décadas negando maliciosamente la mayor.
La desvergüenza histórica no cesa. Recientemente se ha sabido que Rumasa conserva 160 millones de euros en caja dependiendo, como empresa pública, de la Dirección General del Patrimonio del Estado integrado a su vez por el Ministerio de Hacienda. Rumasa sigue existiendo bien pertrechada de dinero en caja para evitar que se destape en los tribunales el escándalo que demostrara el delictivo saqueo y el desastre de que algún juez dictara sentencia de devolución sobre lo robado. Acaso sirva también para mantener bocas cerradas o dejar en el cajón del olvido las causas o sentencias... como una consolidación de balances que dura quince años después de que el Tribunal Supremo dictara dos autos favorables a la reposición.
Lo que sucede en esta sufrida España nuestra no tiene nombre. No existe mayor paradigma de superlativa caradura para cualquier ladrón que quien logra el mayor golpe, anatemizando a la víctima del saqueo, apropiándose delictivamente de un multimillonario patrimonio con la protección jurídica pertinente y guardándose después del saqueo mayor un remanente para defenderse de los litigios que el legítimo dueño pueda intentar en buena lid siendo inocente de las imputaciones que pretextaron el expolio. Cualquier ladrón para sí quisiera semejante suerte del destino trampeado.
¿A qué consolidación de balance hay que esperar si descubrimos ahora que Rumasa existe como empresa pública con una caja de ciento sesenta millones de euros? Nos escandalizamos de nimiedades frente a estas de sumarísimo calado ilegal. Sinvergüenzas encubridores con apariencia de honorabilidad. Ciento sesenta millones de euros a buen resguardo de ladrones que se apropiaron de un holding convirtiéndose el delito en mangoneo asumido de una injusticia histórica, bien protegida por los numerosos invitados al banquete que devoraron criminalmente la decencia política y jurídica que desde entonces fueron empozoñando la credibilidad de España como país indigno que hoy recoge sus siembras del deshonor.
Ciento sesenta millones de euros que dejan en evidencia la estafa estatal, sin decencia ninguna, mostrando la fetidez de un submundo consentido de malicia, picaresca y latrocinio juramentado. Ciento sesenta millones de euros que podrían paliar la tragedia de los Inversores de Nueva Rumasa abandonados a su suerte por magistrados empeñados en coleccionar causas más que en erradicar el dolor de miles de familias entrampadas con la emisión de los pagarés.
Solo La Finca de la Almoraima, en poder de ese mismo Estado en las garras del felipismo que robó a una persona inocente su patrimonio, usando a la Justicia para encubrir el crimen, sería suficiente para salvar la situación de miles de Inversores.
Rumasa fue la patata caliente que se fueron pasando los distintos gobiernos con acuerdos tácitos de complicidad consabida, para evitar que emergiera la inmundicia que se ha mantenido con descarado tufo de corrupción durante treinta y dos años. Esa es la verdad oculta de la que se presume ahora al descubierto con una caja de ciento sesenta millones de euros y un beneficio en el 2014 de 191.000 euros al invertir en deuda pública, sabiéndose impune el estado que ocultó sus trapos sucios hasta que terminó, a base de engañar sistemática e históricamente, arruinando a sus ciudadanos.
3 comentarios:
E.M.C
HOLA ME GUSTARIA SABER SI ES POSIBLE COMUNICAR CON JOSE MARIA- FUI TRABAJADOR SUYO HACE MUCHOS AÑOS Y TENGO UN GRATO RECUERDO LA ULTIMA VEZ QUE LE VI FUE POR EL 2007 ME GUSTARIA VERLE Y HABLAR CON EL ANTES DE QUE FALLEZCA QUE DIOS QUIERA SEA DENTRO DE MUCHO- SI ME PUDIERA DECIR LA FORMA EN LA QUE CONCERTAR UNA CITA SE LO AGRADECERIA-SALUDOS
Señor Candela, porque no cuenta de una vez todas sus gestiones en estos tres años con pelos y señales y nos alegra el dia ?
https://mgogra.wordpress.com/2015/02/21/los-ruiz-mateos-pagares/
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