A propósito del hombre, al que he defendido públicamente hasta que se entendiera la gran injusticia de la expropiación de Rumasa, como portavoz del empresario-trabajando además para que los Inversores recuperen su dinero-,en la columna de esta semana hablo sobre ese extraño concepto moral de la Justicia que lleva décadas manifestándose, con la certeza de una corrupción aceptada que permite la impunidad de los ladrones de Rumasa en 1983, siendo exculpado de toda imputación un José María Ruiz-Mateos al que jamás se le devolvió nada de los 18.000 millones de euros en retasaciones aun demostrándose su inocencia en 1997.
Esta aberración histórica que envilece a la Justicia tiene su continuidad con sentencias igualmente sospechosas de corruptela en todos los ámbitos de la sociedad española.
http://www.elimparcial.es/noticia/146582/Reforma-del-concepto-moral-de-la-Justicia.html
TRIBUNA
Reforma del concepto moral de la Justicia
12/01/2015@20:39:36 GMT+1
Ignacio Fernández Candela
Escritor-Crítico literario
Seguramente que el concepto de
Justicia es más elevado en personas de buena voluntad, ajenas de la
judicatura, que en otros acostumbrados a dictar sospechosas sentencias
ocultando tras las togas unas malas artes en defensa de oscuros
intereses y en detrimento de la ecuanimidad y la imparcialidad.
En España existen excelentes jueces que cumplen con discreción el empeño profesional de una vocación difícil y encomiable, sin embargo en la judicatura cabe de todo y no siempre óptimo para el progreso de una sociedad que, en el caso de la española, ha crecido con graves dislates, cuando no aviesas intenciones, que han degenerado en una aceptación de la corruptela jurídica tan vergonzosa como inaceptable, aunque asumida. Constatamos en la observación de la injusticia esas raíces envenenadas de las que creció un tronco torcido que no parece generar sanas ramas, capaces de dar buenos frutos en vitales cuestiones que afectan hasta a la propia seguridad nacional.
La pérdida de la credibilidad política es directamente proporcional a la pérdida de la credibilidad jurídica. Muchas sentencias son una aberración para las garantías que deben prevalecer frente al sectarismo político o intereses ajenos al bienestar social que ha sido diezmado estrepitosamente por magistrados cuyo concepto moral de la Justicia es nulo, para vergüenza de la ciudadanía que observa la indefensión recalcitrante que procede de los mismos tribunales.
Desgraciadamente, la Justicia española tiene en su haber muchas víctimas en defensa de los derechos del criminal. Esa es la realidad de una España cuya percepción de equilibrio institucional se ve claramente perjudicada cuando se analizan decisiones en los juzgados que acaban repercutiendo dañinamente a los ciudadanos. Todo ello sumado a la generalización de sentencias injustificables para el estricto sentido común, es razón suficiente para no confiar en quienes parecen estar influenciados por corrientes de decisión ajenas al somero desempeño de la acción jurídica. Eso es lo que se palpa además del desencanto por los políticos: una sospecha permanente de parcialidad que es solo la punta del iceberg de pactos que, de no estar rubricados desde los tribunales, serían argucias delictivas sin más.
Al día de hoy se aceptan decisiones jurídicas que podrían explicarse mediante el concienzudo estudio de una retorcida lógica captada desde el diván de un psiquiatra. La sociedad enferma cuando acata sentencias que podrían ser perfectamente explicables si pretendieran favorecer al delincuente y en contra de los perjudicados del delito. Algo así, tan denigrante, no es un supuesto sino una constante realidad. Es tan evidente en tantos escandalosos casos esa aberración que debiéramos plantearnos si la sanidad social a la que aspiramos ha de empezar por revisar el concepto de moralidad elemental del que algunos jueces prescinden desde hace décadas. No por acostumbrarnos a contemplar esa degeneración, debería satisfacernos una inexistente autoridad moral emanada de algunas extrañas justicias.
Convendría analizar con riguroso sentido crítico los extraviados conceptos de decencia y dignidad que algunos practican, así no empalidecer de impotencia e indignación cuando contemplamos el favoritismo jurídico hacia el criminal y la mordaza a los damnificados.
En España existen excelentes jueces que cumplen con discreción el empeño profesional de una vocación difícil y encomiable, sin embargo en la judicatura cabe de todo y no siempre óptimo para el progreso de una sociedad que, en el caso de la española, ha crecido con graves dislates, cuando no aviesas intenciones, que han degenerado en una aceptación de la corruptela jurídica tan vergonzosa como inaceptable, aunque asumida. Constatamos en la observación de la injusticia esas raíces envenenadas de las que creció un tronco torcido que no parece generar sanas ramas, capaces de dar buenos frutos en vitales cuestiones que afectan hasta a la propia seguridad nacional.
La pérdida de la credibilidad política es directamente proporcional a la pérdida de la credibilidad jurídica. Muchas sentencias son una aberración para las garantías que deben prevalecer frente al sectarismo político o intereses ajenos al bienestar social que ha sido diezmado estrepitosamente por magistrados cuyo concepto moral de la Justicia es nulo, para vergüenza de la ciudadanía que observa la indefensión recalcitrante que procede de los mismos tribunales.
Desgraciadamente, la Justicia española tiene en su haber muchas víctimas en defensa de los derechos del criminal. Esa es la realidad de una España cuya percepción de equilibrio institucional se ve claramente perjudicada cuando se analizan decisiones en los juzgados que acaban repercutiendo dañinamente a los ciudadanos. Todo ello sumado a la generalización de sentencias injustificables para el estricto sentido común, es razón suficiente para no confiar en quienes parecen estar influenciados por corrientes de decisión ajenas al somero desempeño de la acción jurídica. Eso es lo que se palpa además del desencanto por los políticos: una sospecha permanente de parcialidad que es solo la punta del iceberg de pactos que, de no estar rubricados desde los tribunales, serían argucias delictivas sin más.
Al día de hoy se aceptan decisiones jurídicas que podrían explicarse mediante el concienzudo estudio de una retorcida lógica captada desde el diván de un psiquiatra. La sociedad enferma cuando acata sentencias que podrían ser perfectamente explicables si pretendieran favorecer al delincuente y en contra de los perjudicados del delito. Algo así, tan denigrante, no es un supuesto sino una constante realidad. Es tan evidente en tantos escandalosos casos esa aberración que debiéramos plantearnos si la sanidad social a la que aspiramos ha de empezar por revisar el concepto de moralidad elemental del que algunos jueces prescinden desde hace décadas. No por acostumbrarnos a contemplar esa degeneración, debería satisfacernos una inexistente autoridad moral emanada de algunas extrañas justicias.
Convendría analizar con riguroso sentido crítico los extraviados conceptos de decencia y dignidad que algunos practican, así no empalidecer de impotencia e indignación cuando contemplamos el favoritismo jurídico hacia el criminal y la mordaza a los damnificados.
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