Domingo 23 de Febrero: 31 años desde la vil expropiación de Rumasa. Sin Justicia, sinvergüenzas

31 años: Poseer evidencias, contrastadas e indubitadas, sobre la criminal expropiación contra Rumasa.

  Tres décadas y un año pidiendo elemental Justicia, un juicio justo tan solo, no debería suponer motivo de risa o burla para ignorantes atrevidos que podrían ser víctimas, como D. José María, de un Estado falsario, convenido con el crimen y encubierto con la corruptela.

   Treinta y un años de lucha por la Justicia en un país donde el cambalache político implica a los jueces en corrupciones históricas, es tiempo suficiente para avergonzar a  algunos tribunales que, lejos de la imparcialidad, han demostrado ser sectarios y pútridos en sus indecorosas decisiones. Lo único que pueden imponer es apariencia porque el respeto lo han extraviado quedando en suma  evidencia la realidad.

   La Justicia no debería llamarse, en algún caso, Justicia en esta España del descaro vergonzante donde aún algunos magistrados van con la cara alta, ensoberbecidos de estulticia y abominables secretos, cuando deberían marchar con las orejas gachas en el demérito ganado a pulso de la sospecha permanente, por la suciedad de los criterios prevaricadores, ésos tan inexcusablemente razonados mediante argumentaciones legales proclives al perenne engaño y al conchabamiento con lo criminal.

   La expropiación delictiva de Rumasa enriqueció a la bazofia de un país que paradójicamente se mostraba como la flor y nata del mismo, convirtiendo a muertos de hambre en depredadores bajo la protección de la política como señuelo para engañar a millones de ciudadanos.  

 Políticos de traje de pana  que terminaron arrojando al vertedero los valores de la decencia para imponer, por sufragio universal, el instrumento del embuste, la carroña de una mafia estatal que se originó con Felipe González.  
   Hieden aún intereses oscuros pergeñados y llevados a cabo bajo el enmascaramiento de una democracia superficial alimentada de bajos fondos gansteriles que, bajo la protección del sectarismo jurídico, lo mismo deja indefenso a un hombre inocente saqueando su patrimonio, entorpece la verdad sobre una matanza masiva de 192 personas-acaso de esos polvos sin castigo nos llegaron aquellos trenes reventados-, o concede libertad a múltiples criminales, violadores y asesinos de niños con la excusa vergonzante de un designio judicial sacado de la ancha manga de la desvergüenza y la traición más visceral contra los más desprotegidos.

   El 23 de Febrero de 1983, una camarilla de apandadores dio un golpe de mano contra el mayor Holding privado jamás creado en España y con repercusiones comerciales de carácter internacional.


 http://es.scribd.com/doc/100456139/RUMASA-1961-1981-XX-Aniversario

   Gentuzas que esta España de trileros ha convertido en personajes de la Transición siendo , en realidad, delincuentes de baja estofa que usaron la política para perpetrar delitos bajo el amparo de una Ley podrida, al servicio de los estafadores que han hecho prevalecer el engaño por toda nuestra reciente historia democrática.

   Durante este tiempo al lado de D. José María, además de trabajar sobre cauces profesionales dirigidos a encontrar el modo de pagar a los Inversores, se ha realizado un trabajo de documentación efectivo que arroja luz sobre las sombras, en cuanto a los causantes, encubridores y aprovechados del saqueo estatal que jamás repercutió en ningún beneficio sobre la ciudadanía sino sobre numerosos intereses particulares.

  Levantando acta indubitado se deduce de testimonios ante notario, correos personales y pruebas incontestables por primera vez recabadas en tres décadas con rúbrica legal:

   1-La actuación deleznable y la perfidia delictiva de Luis Valls Taberner, ex presidente del Banco Popular; uno de los siete bancos que se lucraron multimillonariamente repartiéndose los 23 bancos del Sr. Ruiz-Mateos.

Luis Valls Taberner fue el que aconsejó, de modo ladino, que D. José María marchara a Londres y recibió, en una caja de zapatos, 1.000 millones de pesetas antes de que sucediera el expolio como previa estafa personal, anteriormente a ser tomado por las armas el Holding empresarial.

   2-La bajeza de Rafael Termes, Presidente de la Banca quien, en connivencia oscurantista con Valls Taberner engañó premeditadamente al Sr. Ruiz-Mateos hasta llevarle a la trampa que propició la expropiación delictiva de Rumasa, en bandeja para el recién llegado partido socialista que terminó asolando el 10% del PIB siendo el 2% perteneciente a Rumasa.

   3-La intervención de numerosos personajes de la política, la banca, la empresa etc. para encubrir el latrocinio, así como la corrupción jurídica, vergonzante tapadera de actos delicuescentes que tuvo numerosos beneficiarios.

   4-La impunidad de un criminal exculpado, siendo la X del GAL según José Amedo y sospechado por millones de españoles, causante de muertes a inocentes y responsable del terrorismo de Estado. Un Felipe González culpable de múltiples actividades delictivas que con la expropiación se dice que compró voluntades jurídicas y políticas para que quedase sin punición el rastro del saqueo y en indefensión la víctima del expolio.

    Responsable, entre muchas otras, de la estafa de Galerías Preciados, un pelotazo de 30.000 millones de pesetas que resultó ser un seguro de vida vitalicio, llevándose el botín fuera de España bien custodiado por amigos de fechorías beneficiados por entonces y cuya amistad ha perdurado con relaciones de negocios originadas en la acción criminal del latrocinio durante el felipismo.

   5-La constatación del amaño de la Justicia con un Tribunal Constitucional al servicio del más flagrante sectarismo y al albur del mejor postor ideológico, a la sazón socialista. Un socialismo cuyos numerosos miembros fueron lucrados en tanto se vaciaban las arcas del Estado con monstruosas y reiteradas corrupciones.

  

  6-El enriquecimiento de instituciones, organizaciones y líderes de agrupaciones arrimados a la sombra de la expropiación.

    7-La burla cruel de la Justicia ante la indefensión de la ciudadanía que ha de comprobar el oscurantismo maquiavélico de unos jueces que dejan en libertad criminales de toda índole, subordinándose a una sentencia que se pasaron por el forro de la manipulación más grotesca cuando denegaron una mínima y elemental garantía procesal que D. José María Ruiz-Mateos jamás obtuvo.

   En la insidia del acatamiento de la sentencia de Estrasburgo ahora, se manifiesta la suciedad más deleznable de una Justicia sometida al arbitrio de oscuros poderes al margen del esencial decoro moral;  no pasa inadvertido, en la paradoja del destino,  que se denegó y se obstaculizó el intento legítimo por la defensa de los derechos alienados del Sr. Ruiz-Mateos sin ninguna razón de Ley. Ley inexistente, en según qué casos,  antes como ahora.

   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destapado la incoherencia jurídica en España y el cinismo más visceral, con una evidencia de irregularidades que no ha pasado inadvertida para la ciudadanía, en hondo descrédito de tribunales que no brindan la mínima confianza en su deseable arbitrio de imparcialidad.

   8-Que D. José María Ruiz-Mateos jamás fue condenado por estafa, siendo absuelto de toda imputación sobre las pretendidas inculpaciones que pretextaron la delictiva expropiación. En 1997 fue exculpado de toda imputación y la Justicia siguió obrando con patentes manipulaciones legales para que el Sr. Ruiz-Mateos continuara en indefensión, reivindicando con denuedo y perseverancia inquebrantable el derecho a la devolución de su Patrimonio vilmente robado.

   9-La destrucción de numeroso material, en Junio de 2013, trasladado en camionetas del Ministerio de Justicia, consistente en documentación, sobre la expropiación de Rumasa, datada en 1987.

¿Qué clase de rastreros intereses todavía se pretenden ocultar transcurridos treinta años de la expropiación?

   10-Los impedimentos y obstaculizaciones de la Justicia ante el derecho a percibir una indemnización, imponiendo una barrera de consolidación de balances que no hizo efectivo el dictamen del Tribunal Supremo.

http://www.elmundo.es/elmundo/2001/03/20/espana/985107380.html 

Recurso contencioso administrativo contra el Tribunal Constitucional. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sigue vigente el derecho de vindicación por un Patrimonio saqueado cuyos autores y beneficiados serán expuestos con un levantamiento de acta que dará fe, por testimonios y pruebas, indubitados, de este oscuro acontecimiento que torció los designios democráticos de un país en manos de estafadores y criminales que serán develados por primera vez en tres décadas.