Ignacio Fernández Candela
IGNACIO FERNÁNDEZ CANDELA es Escritor-Crítico literarioTodos los artículos de Ignacio Fernández Candela
Tribuna
La relación de los ERE de Andalucía con Rumasa
Cualquier persona sería legitimada moralmente para defenderse de las fechorías de un ladrón. Si además de ser robada tuviera que amparar su honor para clarificar situaciones confusas derivadas de un latrocinio, esa misma legitimidad moral impelería el derecho a pugnar por la justicia verdadera y en defensa de su patrimonio. No hay persona de bien que no luchara por lo suyo cuando se lo arrebatara un criminal con malas artes.
Expuesto así parece de Perogrullo pero no al referirnos a José María Ruiz-Mateos y sobre su obra empresarial y financiera, Rumasa. Cuando el causante del latrocinio es un Estado español y la corrupción jurídica, aliada con la otra política, silencia el crimen económico de la expropiación, surge la indefensión contra toda lógica y se deja en evidencia un sistema causante de males que terminaron perjudicando al conjunto de la sociedad. La impunidad del expolio del holding Rumasa causó la ruina, treinta años después, al conjunto de los españoles. Es lo que pasa cuando se deja que la política ejerza delictivamente al amparo del poder gubernamental. Felipe González profesó de capo consentido en nuestra democracia y así nos fue con todo. Se convirtió en un precedente de engaño que fue la continuidad de un sectarismo con influencia sobre la Justicia para hacer pasar por buena la deshonra política y personal.
Nadie desconoce que la fortuna de este terrateniente tan bien avenido, después de sus andanzas gubernamentales, está forjada con el robo sin punición de Rumasa; otra cuestión es haber consentido los desmanes bajo el yugo que padeció España con el felipismo. No es algo que hayan ignorado los sucesivos gobiernos ante la denuncia taxativa y permanente de Ruiz-Mateos. La aceptación de la culpa del Estado español en el saqueo del holding estriba en los intentos secretos de negociación que han existido, durante todo este tiempo, conscientes los gobiernos del efecto de esta corruptela impropia que supone un robo estatal sin pretexto legal ninguno; como así se demostró en 1997 siendo el empresario y financiero absuelto de toda imputación. No sólo había pasado injustamente en doce ocasiones por la cárcel sino que su patrimonio legal ya se había repartido entre beneficiados de la banca, la política, la empresa y la judicatura que, por añadidura, propiciaron un agujero en la economía española de varios billones de pesetas. Todo para nada. Sólo quedaba entonces echar mano de la demora en los tribunales y la negativa jurídica a compensar por un crimen de sinvergüenzas encubiertos durante décadas.
Rumasa es una constante que define las irregularidades de carácter histórico que arrastramos los ciudadanos durante todo nuestro proceso democrático, protagonizadas por casos flagrantes de escandaloso silenciamiento. No ha de extrañar que treinta años después y a propósito de los ERE de Andalucía, resurja ese crimen económico de 1983.
El que fuera abogado de José María Ruiz-Mateos, Joaquin Yvancos, ha declarado ante la juez Alaya que los socialistas propusieron soluciones sobre la indemnización por la expropiación de Rumasa, implícita la contraprestación de que el empresario fijara sus atenciones empresariales en tierras andaluzas. A consecuencia de aquellas gestiones apareció un lobby de presión con el fin de negociar una indemnización a cambio de que la familia retirara todos los pleitos contra el Estado. Según declaraciones de Yvancos, el lobby estaba constituido, entre otros, por el Vicepresidente de Antena 3, Mauricio Casals, y por el presidente del Banco Espíritu Santo, Manuel Guerrero. Así se pretendió gestionar con el Gobierno de Zapatero una fijación de justiprecio que pusiera fin a la batalla legal de Ruiz-Mateos contra el Estado.
En su momento ya dije que la trama de los ERE apuntaba a una corrupción política que no empresarial en un feudo del socialismo donde durante décadas no existieron sospechas policiales o de la judicatura. La juez Alaya quizá debería investigar más allá de la coyuntura aparente y profundizar en la clase de influencia que podría existir si las atenciones de la Junta para con Ruiz-Mateos apuntaron tan alto, tanto como para propiciar reuniones con el Gobierno de Zapatero donde incluso estuvo presente la Vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega. Da la sensación de que las corrupciones no eran aisladas sino que tenían profundas ramificaciones en el aparato gubernamental que se avino a negociar después de las gestiones provenientes de Andalucía a través de Juan Lanzas.
En España se ignora y se miente en demasía. La ignorancia en algún caso y la mendacidad en muchos otros crearon el bulo de que José María Ruiz-Mateos fue condenado por estafa justificando la decisión de la expropiación de 1983. La realidad es que el empresario y financiero fue exculpado de toda imputación en 1997 quedando sin justificación ninguna la delictiva bestialidad acometida por Felipe González y sus correligionarios. Todos se lucraron sin control dejando una deuda de dos billones a pagar por los ciudadanos que sufragaron el pelotazo felipista del que miles han vivido opíparamente durante décadas, él el primero.
Repetirlo no sirve de nada aunque bastante redundante en el empeño de la defensa de lo suyo fue el empresario para que jamás nadie olvidara el acto delictivo que ha caracterizado nuestro devenir en libertad con tantos misterios sin resolver que, vaya por Dios, siempre han beneficiado a los mismos.
Lo sucedido con Nueva Rumasa quizá no sea responsabilidad de lo aparentemente en la superficie. El caso de la antigua Rumasa profundiza en una honda fosa séptica de pútrida corrupción más allá de lo evidente y muy seguramente el hedor de estas situaciones actuales se concentra en aquéllos que asestaron el golpe y escondieron el puño… como la rosa. Tal vez ayer como hoy. Dudo mucho que el cierre del grifo crediticio fuera una casualidad que no entroncara con hechos pasados.
Antes, los culpables del latrocinio escaparon de rositas, propiamente dicho, y como resultante fuimos labrando el hondo pozo de la discordia que desembocó en aquel 11-M que dio un giro brusco convergiendo en la inestabilidad institucional y económica aún latente. El tejido empresarial de España fue desmantelado durante el gobierno zapaterista con una voraz banca que no ha sufrido los estragos de la depredación infligida contra los empresarios y la ciudadanía en general, siendo esta banca insaciable la única rescatada de los estragos que ella misma provocó junto al saco roto de las administraciones públicas.
Sólo las migas indemnizatorias por una de las setecientas empresas-junto a veintitrés bancos- como Galerías Preciados, resolverían la situación dramática de los Inversores. Un patrimonio robado; una justicia amañada; una caradura aceptada en un país donde los sinvergüenzas son respetados. Algo muy malo sucede cuando el criminal se sale con la suya y convierten al abnegado trabajador de la empresa y la finanza, absuelto jurídicamente, en reo de la hipocresía más visceral. No nos extrañe que en el futuro además de veintitrés efes u once emes nos planifiquen otra fecha que nos marque a fuego el carácter de la mentira por el que nos hemos regido durante décadas.
Si existían negociaciones de alto nivel que se rompieron por exceso de codicias de los que pretendieron lucrarse a costa de la reivindicación histórica del empresario y financiero, aprovechando la gestión de una indemnización estatal, es previsible que con la ruptura se procurara que Ruiz-Mateos dejara de reivindicar lo suyo convirtiéndolo de nuevo en enemigo público número uno por sus numerosos e interesados enemigos. De ahí que si el duro trabajo acometido este tiempo para pagar a los Inversores diera resultado, con mayor mérito debería ser aclamado José María Ruiz-Mateos como héroe nacional.
En tanto siga la juez Mercedes Alaya indagando sin perjudicar a las víctimas de la corrupción andaluza que estaban obligadas a pasar por el aro y pruebe a seguir las pesquisas hasta el mismo gobierno zapatero que, a sugerencia del socialismo andaluz, pretendió negociar una indemnización reconociendo el latrocinio de Rumasa. En definitiva, décadas de corrupción andaluza que inauguró nacionalmente el todopoderoso capo y Mr. X, siempre impune, de la mafia felipista.