Durante este tiempo de trabajo, más bien de lucha, para encontrar soluciones a la situación de los Inversores, he podido constatar que en el extranjero el Estado español no es de fiar. La Política aglutina una rapiña de malhechores que ensombrece el conjunto del país. No les quito razón porque en España todo es posible para mal y no hay límite.
El caso de Rumasa, silenciado aquí, es una vergüenza a voz en grito que nunca pasa inadvertida en los entornos empresariales y financieros de carácter internacional. Allende las fronteras españolas, se considera que hay que saldar una cuenta de treinta años que el país debe al empresario.
Es triste y veraz decir que en España hay una cuenta
pendiente por parte de un Estado que ejerció un vil latrocinio y facilitó la
indefensión de una víctima que treinta años después sigue sin garantía procesal.
El Sistema, el sinvergüenza Sistema, procuró
toda clase de vejaciones a José María Ruiz-Mateos para encubrir un crimen no
resuelto de expolio económico contra un patrimonio legalmente establecido. Tal
indefensión se posibilitó porque los
beneficiados fueron particulares que compraron la Justicia después de adueñarse
de Rumasa.
Las cuentas pendientes de un Estado ladrón, como lo denominan en el exterior, -cómo
llamar a lo que oculta la evidencia del delito, pasándose por el forro de los
derechos humanos la elemental y decente Justicia que no hay en España-, no han
pasado desapercibidas en el extranjero. Fuera de este país destrozado por
politicastros se sabe del percal institucional que se gasta esta gentualla de
beneficios vitalicios, viviendo del cuento político y de la trampa permanente
de la corruptela en el caso de la delictiva expropiación de Rumasa en 1983.
Esas señorías que ahora se toman inadmisibles vacaciones de
vergonzante duración, después de explotar miserablemente a la población que los
mal aguanta, han decidido vender al mejor postor la Finca de la
Almoraima robada a D. José María y sin pretexto que valga, pues él fue
declarado inocente de las imputaciones que propiciaron la vileza estafadora de
Felipe González, el destructor del 10% del PIB cuyo 2% pertenecía al Holding. Qué fácil les resulta especular, con el botín de un saqueo sin punición, a estos miserables parásitos.
La Almoraima es deficitaria en manos de lerdos y aprovechados
que desde la Administración Pública han desperdiciado el inmenso flujo de
beneficios que aportaban las empresas en manos de su verdadero dueño.
La Almoraima es sólo una de los centenares de propiedades saqueadas
entonces y que se pretende vender por 200 millones de euros. Un Estado
conformado por ladrones que vende al mejor postor el lucro criminal que resultó del
golpe estafador de la expropiación.
Es triste decir que España es ladrona y falaz, a través de
políticos sin escrúpulos que terminaron de saquear a todo el país explotando a
sus ciudadanos para paliar los robos de la administración en manos de forajidos
tras siglas políticas. Y quien dice político incluye lo financiero, lo
jurídico, lo empresarial; en definitiva una mole pútrida de corrupción
institucional que sigue siendo dañina para el pueblo que ha de soportarla.
Sirva de ejemplo-como vergüenza internacional evidente cuando se contempla esta España de tramposos impunes que hacen de
la política una patente de corso para estafar, matar, explotar y arruinar al pueblo-
la ruin picaresca de esos aprovechados que dejaron Rumasa como empresa de administración
pública para que fingidos directivos cobraran opíparos sueldos durante décadas,
viviendo de la sopa boba que el felipismo sirvió en bandeja a tanto parásito
con carné político.
Es repugnantemente paradójico que se crucifique a José María
Ruiz-Mateos por unas circunstancias ajenas de su voluntad y con afán de
continuismo en la gran mentira estatal que convirtió a una víctima en villano,
cuando los villanos usaron al Estado para ejercer como vulgares delincuentes
con la aquiescencia de una Justicia vendida al mejor postor.
La Almoraima, pese a la trampa perpetua de los tribunales, es de José María Ruiz-Mateos, como las 700
empresas y los 23 bancos que le quitaron por mor de un decreto ley de puro bandidaje que desde
entonces se ha ejercido en España sin disimulo.
Cuando el empresario y financiero cumpla con su promesa de
pagar a los Inversores, no existirá mejor evidencia para corroborar la canallada
delictiva de un Estado que vende lo que en malas manos estuvo después de la
expropiación ¿Qué esperar de fulleros, tramposos y estafadores que no saben
sacar provecho ni del botín de un atraco?
