domingo, 11 de agosto de 2013

El lodazal andaluz intocable durante 30 años



  
   En este país de charanga y pandereta cuesta reconocer lo coherente porque muchos se empeñan en defender lo indefendible con toda clase de incongruencias. Las mayores incoherencias proceden del sectarismo y terminan influyendo en el bienestar social hasta convertirse en aberraciones consentidas.

    Todavía cuesta explicar cómo fue posible semejante degeneración del zapaterismo que hundió un país en ocho años. La politización de la Justicia, la corrupción elemental para que cuele tanta tropelía, ha sido la llave para que los tontos abran las puertas del crimen permitido. Los criminales de listos no tienen nada, son faltos de escrúpulos, amorales, criaturas que viven para el vil metal sin límites en las ambiciones para succionar la vida de los ciudadanos. Zapatero fue el ejemplo destructor de una idiocia malintencionada; sus mejores armas fueron la carencia de conciencia y la falta absoluta del sentido del ridículo. Tanto fue así que terminó ridiculizando internacionalmente al país que mal gobernó y ahora tiene su puesto en el Consejo de Estado; eso sí que es ridículo y nauseabundo.

    Las anteriores legislaturas socialistas son un mero ejemplo, eso sí representativo, de la clase política verdadera que disimula las aviesas intenciones. No es que haya mucha inteligencia, no, lo que sobra es caradura y en la clase política abunda la picaresca institucionalizada, habida cuenta de que muchos inútiles viven del cuento de la sigla política.

    Alguna izquierda en España no solo es incoherente sino que además está abonada a la desvergüenza por la costumbre de la superioridad moral que la autoriza meter el dedo en ojo ajeno y disimular la viga no ya del ojo propio, sino la de la baja guardia de una sociedad idiotizada, en realidad bien sodomizada, a gusto con el complejo de inferioridad que le rememora aquello de “arriba parias de la Tierra”; en el victimismo encuentra el sinvergüenza la justificación para delinquir en nombre de la Justicia social. Que se lo digan al inefable Gordillo asaltador de fincas y viajero de primera clase, cuando con el botín de sus tropelías se paga con erario público sus idas y venidas a Venezuela.

    Para esa izquierda liquidadora, reina de la corrupción y enfangada hasta el tuétano en hechos delictivos que otros no menos acomplejados jueces encubren-el victimismo viene muy bien a toda clase de elementos nutridos por el parasitismo de lo social-, toda falta ajena es peor que los crímenes cometidos durante tan engañosa democracia con tantos misterios sin resolver que, casualmente, vaya, siempre ha beneficiado a los mismos. ¿Cui prodest?

    Gurtel es, con unos trajes y deferencias de fondos privados, una criminal trama que eclipsa la del fondo de reptiles consistente en una estafa de más de mil millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir dinero público.

   La expropiación delictiva de Rumasa, verbigracia,  se queda en nada por la intervención de una Justicia que se encargó de minimizar el destrozo económico que semejante saqueo supuso para todos los españoles. Siempre hay escándalos menores que magnificar y en la confusión que provocan estos indignados caraduras siguen clavando las inmensas estafas institucionales como si no fuera con ellos. Son maestros de la engañifa y el fraude disfrazado de protesta política.

    Sobre los ERE de Andalucía ahora nos rasgamos las vestiduras y nos escandalizamos cuando una juez decide poner orden que durante treinta años fue inexistente en el chiringuito socialista de la pícara Andalucía. La corrupción salpica a los que dirigieron el cotarro, pero además se amplían las consecuencias contra quienes fueron obligados a regirse por las arbitrariedades políticas disfrazadas de legalidad institucional.

    Pablo y Javier Ruiz-Mateos están imputados por los ERE del fondo de reptiles por tratar con Juan Lanzas, listo ugetista que fue el rey del mambo con el beneplácito de tres décadas que desembocaron en los primeros casos de corruptelas de favoritismo y chantajes provenientes del Gobierno andaluz.

    Ruiz-Mateos es un empresario-antes de que le robaran sus 23 bancos, financiero también- que no un político. Su filosofía empresarial es la de incentivar a los intermediarios que pueden posibilitar una operación comercial eficaz. El mundo de la empresa funciona por comisiones legitimadas y acordes al servicio prestado.

    El carácter de Lanzas era el de un óptimo “conseguidor”, con acceso a las legales tramitaciones de una estructurada política de subvenciones, lícitamente establecidas, luego se supo que en apariencia, con la que se intentaba acceder a unos ERE que facilitaran una reestructuración acorde a los momentos de dificultades en que se encontraba inmerso todo el país. La Reforma Laboral ha hecho más estragos en la población activa que cualquier intento de salvaguardar las empresas con una profunda remodelación del personal.



Aún queda por ver si son verdad esa retahíla de pagos que han llegado a la mesa de la Juez Alaya, con visos de falsedad dado el carácter manipulador de quien los ha aportado.

    Que fuera un Expediente Regulador de Empleo basado en la irregularidad no era de conocimiento de los Ruiz-Mateos que acometían una remodelación de las empresas con estricta voluntad de indemnizar a sus trabajadores.

   Un cliente que entra en una tienda para comprar un producto legal ignora las intenciones de quien se lo vende. Si el dueño del comercio luego compra drogas con el importe que el cliente le dio, no es responsabilidad de este último que el primero lo use de modo delictivo. No puede decirse del cliente que compra un producto lícito que él colabora para comercializar con droga.

   Del mismo modo, el fondo de reptiles era la parte del iceberg oculta, la inmensa parte, de otra visible que desconocía la  mayoría de los que trataron con quienes sí eran conscientes del fraude, con el aval institucional de una Junta de Andalucía que después se descubrió como un nido de corrupción.

   Es encomiable que una voluntariosa juez Mercedes Alaya descubra un chanchullo de acostumbrados mangantes políticos que dejan en agua de borrajas la financiación con dinero privado destapada por el díscolo tesorero Bárcenas y que pretende ser usado por oportunistas para tumbar al Gobierno de la nación. Sin duda que es plausible la determinación de la Justicia en la responsabilidad y valentía de Alaya.

    Lo que es sustancialmente vergonzante es que en décadas no haya habido juez ni Fiscalía Anticorrupción que intervinieran en tan flagrante caso de estafa institucional.

   Más aún lo es que la Fiscalía Anticorrupción siga obviando lo evidente, pero no es de extrañar por el grado de sectarismo de la actual Justicia que ha de esperar a un juez independiente para valorar cuán pútrido es este país de engaños donde cada cual calibra la magnitud de los males según el grado de participación en ellos. Si es de del PSOE el delito, pelillos a la mar que siempre habrá oportunidad de otra Rumasa u otro 11-M para esquilmar al país del que se nutren de modo vitalicio… Y si te he visto no me acuerdo, como las falsas testigos rumanas que acusaron a Zamal Zougam de colocar las bombas de la matanza, evitando que se investigara la verdadera autoría intelectual de la masacre… siempre hay un as en la manga y otra oportunidad para borrar el crimen y seguir aparentando honradez; así hasta 100 años y más, y más…

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