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miércoles, 19 de diciembre de 2012

La maraña legal que permite la impunidad de la delictiva expropiación de Rumasa




Un título así es en apariencia contradictorio. Pero si hablo de las injusticias mediante el instrumento de la legalidad, es porque observo la relevancia del formalismo por encima del trasfondo humano que debiera considerar la dimensión jurídica.

Partiendo de la base de que el orden establecido es imperfecto, deberíamos remontarnos al origen de ese orden para aceptar las muchas carencias de un Sistema cuyas problemáticas devienen de la muy compleja naturaleza humana tan tendente a la hipocresía, ya tan arraigada en el subconsciente social de nuestro país. Si cabe, la naturaleza humana de lo español es todavía más falsa.


La expropiación de Rumasa, verbigracia, es el efecto pragmático de la imperfección de ese orden, en este caso preponderantemente jurídico, para dejar en evidencia esa hipócrita tendencia al engaño social por encima del equilibrio y la compensación moral que la justicia, la imperfecta cuando no la cínica,  niega.


A propósito de esta maraña legal que permite las injusticias-en ocasiones por el carácter cuadriculado de los procesos legales en detrimento del más elemental sentido común- me expresé ante D. Antonio García Trevijano acerca de la indefensión procurada contra el Sr. Ruiz-Mateos, una vez fue exculpado de toda imputación en 1996 sobre las falsas acusaciones que sirvieron de pretexto para robar un holding por la fuerza de las armas y con engaño público. El insigne abogado me preguntaba sobre la situación de las retasaciones presentadas en el Tribunal Supremo que están valoradas en 18.000 millones de euros, con distingos claros y profesionales acerca del proceso penal ya extinto sobre Rumasa antigua y el proceso administrativo abierto sine die con el objetivo de que D. José María sea compensado por el brutal saqueo que el tiempo demostró absolutamente delictivo.


D. Antonio insistía en la diferenciación de lo penal y lo administrativo, en tanto yo simplificaba una causa abierta durante décadas con el inusual y poco manido sentido común que debería suponer la directriz de los procesos jurídicos, enrevesados, engorrosos, infames en ocasiones por la dilatación de sus cursos; ciegos de elementalidad, inanes de funcionalidad humanizada. La Justicia española ha demostrado en variadas ocasiones estar supeditada a  un albur cuestionable de parcialidades evidentes, según intereses políticos y financieros que son los que verdaderamente dictan las sentencias de este país.


Con mi argumentación daba por errática y nada creíble la funcionalidad práctica de la Justicia respecto de la corrupción demostrada que estuvo detrás de la expropiación de Rumasa. Causa penal cerrada hubiera significado otra abierta contra los beneficiarios del asalto a mano armada. En cambio siguió su curso un previsible peregrinaje por los tribunales que, tan pronto aceleraban el proceso de compensación, eran frenados con recursos sine die eludiendo dilucidar las responsabilidades criminales de la expropiación con un juicio de verdad, como así ha pedido reiteradamente el Sr. Ruiz-Mateos.


Ante tan descarada maniobra de un Sistema para dejar impune un crimen, ningún mecanismo judicial puede ser veraz por la manifestación continuada de unos despropósitos que eluden enfrentarse a la verdad de toda esta sinrazón, veladamente boicoteada por esa Justicia que con, triste conocimiento de causa, puede decir el empresario que no existe.


Precisamente esa dilación de lo legal en busca de verdaderos intereses de justicia y no los personales e institucionales que se esconden tras la apariencia, es lo que permite que ignorantes y detractores de toda condición sigan atacando la obra y el trabajo de D. José María.


El Señor García Trevijano, examinaba desde la funcionalidad profesional un conflicto de intereses usando los mismos factores, demostradamente disfuncionales, que han permitido que durante treinta años el robo de Rumasa haya sido impunemente permitido. En tanto yo argumentaba que no hay razones jurídicas que puedan permitir que un hombre inocente no sea resarcido convirtiendo en un calvario sus legítimas exigencias de recompensación durante tres décadas.

Cierto es que la realidad supera a la ficción y si existe esta realidad concreta es por la poca dignidad de los jueces escondidos tras el mayor caso de corrupción institucional sucedido en España.


Si a un hombre se le acusa de robar una cartera y después se le absuelve, es lógicamente esencial y de elemental justicia que se le devuelva aquello que se le intervino pensando que era un bien ajeno. Se le ha de devolver la propia cartera que se consideraba de otro. Es así de fácil y de vergonzoso para el sistema judicial.


Aparte de las diferenciaciones de procesos penales o administrativos está la vergüenza necesaria, de la que carecen muchos jueces, para acometer con valentía un básico ejercicio de conciencia que no se parapete tras farragosas excusas de formalismo y formulismo legal.


Treinta años son demasiados para considerar que la Justicia de España funciona, máxime cuando es sospechoso todo un Sistema cómplice que ha hecho lo necesario para que la injusticia de Rumasa prevalezca demonizando a la víctima. Ante evidencias tan vergonzantes para el conjunto de un país, sobran las razones jurídicas que han consentido semejante injusticia abastecida de una maraña legal más que cuestionable.


La Justicia se teme pero no se respeta. Mal asunto para una sociedad que se rige por la imposición que no por la decencia de lo coherente.


D. Antonio, ante la insistencia de mis matizaciones extra jurídicas, me preguntó si era abogado. Ante mi respuesta negativa, me espetó: “se nota”. Acaso se pierde consciencia del sentido de la coherencia, cuando se está inmerso en el marasmo complejo del pretexto jurídico.
     Durante la conversación con el genial erudito que es D. Antonio, recordé las exclamaciones de Ortega y Gasset durante su conferencia del Cinema de la Ópera de Madrid sobre el gobierno de la República:"no es eso, no es eso". Llamé a Gasset romántico ideólogo ante la violenta practicidad de la era republicana de tendencia guerracivilista. El Señor García Trevijano me miró con la severidad de un versado intelectual que escuchara un inadmisible exabrupto y arguyó:"Ortega y Gasset no era un romántico". Así es que no lo era pero ante la realidad impuesta su pensamiento era rayano en la ingenuidad, en el romanticismo de la idea frente a la contundencia de las balas... ante hechos tan sobredimensionados de calado asaz inmoral cualquier bien intencionado pensador es un iluso frente a  la barbarie criminal.


La sencillez es una virtud que se escapa de  quienes complican la existencia de sus semejantes, especialmente la de los inocentes. El ejemplo de D. José María es típico de la deshumanización de la Justicia como también la tranquila conciencia de jueces que compilan las documentaciones sin importarles la tragedia diaria de decretar embargos cuyo levantamiento podría paliar los perjuicios derivados de una problemática a gran escala que hay que dirimir judicialmente, sí, pero sin dañar a los damnificados.

Profano de la materia jurídica profesionalizada, sin embargo no soy ajeno de los avatares de la sensibilidad de la que no debemos prescindir ante la injusticia robotizada que rige nuestras vidas, inmersas en un complejo engaño social, cuyo calado solo puede advertirse desde las fronteras ajenas a una profesionalidad que convierte nuestra sociedad, a veces, en una estafa legal donde todo es posible con indignas influencias; solo así se explica la demora en responder jurídicamente ante el expolio de Rumasa.

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